MIGRACIÓN ES MÁS QUE POLÍTICA, HAY QUE PROCURAR MISERICORDIA

Por Roberto Méndez Martínez


El pasado 12 de enero los gobiernos de Estados Unidos y Cuba formularon una declaración conjunta sobre temas migratorios cuyo núcleo central era la eliminación de “la política especial de parole para los ciudadanos cubanos que llegan a territorio de los Estados Unidos (comúnmente llamada política ‘pies secos-pies mojados’), así como el programa de admisión provisional (parole) para profesionales cubanos de la salud”.

Tal decisión sorprendió tanto a los cubanos residentes en la Isla como a aquellos emigrados en Estados Unidos. A pesar de más de tres décadas de reuniones entre ambos gobiernos sobre el tema migratorio, no parecía evidente que llegaran a eliminarse políticas formuladas hace aproximadamente diez años – durante el gobierno de Bill Clinton- y que, a pesar de su carácter excepcional desde el punto de vista jurídico, parecieron legitimarse desde 1966 gracias al amparo de la Ley de Ajuste Cubano y a su consuetudinaria aplicación, lo que las convirtió de facto en vías abiertas para los cubanos que decidieran emigrar a la nación vecina, con garantías de las que no gozaban otros vecinos de la región.

La lectura de la Declaración Conjunta y del Comunicado del Gobierno Revolucionario hace evidente que ambas partes desean regularizar las relaciones migratorias y, en cierta medida, desvincularlas del diferendo político que persiste entre ellas a pesar del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Nadie puede reprochar a Estados Unidos por modificar una política irregular que tenía evidentes visos de provocación hacia las autoridades cubanas y generaba disgustos en una parte de su propia clase política, de sus ciudadanos y de otros gobiernos de la región. Tampoco es posible culpar a Cuba por procurar organizar el flujo de su emigración hacia el mayor de los países receptores, toda vez que lo hace ajustándose a un diálogo bilateral que estipula lo relativo al mínimo de visas que deben otorgarse anualmente, así como su voluntad de aceptar el retorno de aquellos emigrados que las autoridades norteamericanas consideran inaceptables para el otorgamiento de sus permisos de residencia.

Sin embargo, existe una laguna en tales acuerdos. Ambas partes conocen que la política “pies secos-pies mojados” no solo generó las dramáticas travesías por mar hacia las costas de la Florida, en embarcaciones precarias, lo que cobró centenares de vidas durante años, sino también la creación de un corredor por Centroamérica en el que muchísimos cubanos, de manera espontánea o vinculados a traficantes de personas, procuraban arribar a las fronteras terrestres de Estados Unidos con México. En los últimos meses, gracias a las declaraciones hostiles hacia los inmigrantes latinos del candidato presidencial electo Donald Trump, este flujo se acrecentó ante el rumor de que una vez que tomara posesión el mandatario el 20 de enero, este gestionaría la abolición de la Ley de Ajuste Cubano. Lo que no esperaban, ni siquiera los más avisados, es que este plazo se acortaría, gracias a una decisión del presidente saliente Obama a pocos días de abandonar definitivamente la Casa Blanca.

¿Cuántos cubanos han quedado en Panamá, Guatemala, México y otros países, inmovilizados por la inmediata aplicación de la Declaración? ¿Quién tiene responsabilidad con su drama? La mayoría de ellos vendió antes de salir de Cuba su casa y sus pertenencias, abandonó su trabajo, gastó en su peregrinación buena parte de su peculio, grande o pequeño, y ahora clama para que el país que le animó a emigrar de forma irregular haga una excepción y le abra las puertas. El asunto se torna más triste en tanto los gobiernos de las naciones latinoamericanas donde ellos están ya no los ven como simples personas en tránsito, sino como un grupo humano en circunstancias precarias que cada día que pase se aproximará más a una crisis humanitaria, a pesar del apoyo de algunas iglesias y organizaciones benéficas. Para estos gobiernos quizá lo más deseable sea su pronta devolución a Cuba y es muy probable que esta acepte su retorno, en tanto la mayoría salió de ella de manera legal en posesión de un pasaporte y algún visado, pero ¿qué será de aquellos que carezcan de un techo y recursos para reorganizar su vida en el país insular al que no retornan voluntariamente?

Es cierto que Estados Unidos no tiene obligación formal alguna con esas personas, pero sí tiene una obligación moral en tanto hizo creer por muchos años que el privilegio migratorio a los cubanos sería algo duradero y lo suprimió sin establecer plazos racionales, tal vez por miedo a una especie de “estampida” de última hora. Por su parte, Cuba puede argumentar que no estimuló a sus ciudadanos a salir de la Isla y que está dispuesta a recibirlos de vuelta, pero lo verdaderamente justo es que, esos que fueron olvidados en la primera Declaración, sean motivo de ahora de otra conversación entre las partes donde se busque una solución digna para ellos. Para nuestro país, son ciudadanos cuya situación debe ser una preocupación intransferible, para la nación del Norte son el resultado de un brusco cambio de política que puede convertirlos en “daños colaterales”.

El pasado 14 de enero la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dio a conocer un Comunicado de Prensa para mostrar su preocupación por esta situación. Palabra Nueva se une a las preces de la jerarquía católica y reclama de todos los implicados la búsqueda pacífica del bien común y el gesto piadoso para con aquellos que son una pequeña porción de uno de los más grandes dramas de nuestra época: el de los emigrados. Recordemos las palabras del Papa Francisco en su Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado (17 de enero de 2016):

Es importante mirar a los emigrantes no solamente en función de su condición de regularidad o de irregularidad, sino sobre todo como personas que, tuteladas en su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos, de modo particular cuando asumen responsablemente los deberes en relación con quien los acoge, respetando con reconocimiento el patrimonio material y espiritual del país que los hospeda, obedeciendo sus leyes y contribuyendo a sus costes. A pesar de todo, no se pueden reducir las migraciones a su dimensión política y normativa, a las implicaciones económicas y a la mera presencia de culturas diferentes en el mismo territorio. Estos aspectos son complementarios a la defensa y a la promoción de la persona humana, a la cultura del encuentro entre pueblos y de la unidad, donde el Evangelio de la misericordia inspira y anima itinerarios que renuevan y transforman a toda la humanidad.

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